El Superior Tribunal de Justicia no tiene fecha para el inicio de los narcotests a magistrados y funcionarios
El presidente del Superior Tribunal formuló declaraciones sobre la Ley de Ejemplaridad y Coherencia que establece los análisis obligatorios a funcionarios de los tres poderes del Estado y que forma parte de la lucha contra el narcotráfico. Sostuvo que la cumplirán, pero según los tiempos de reglamentación y recursos para afrontar los gastos.
Ante el silencio del Superior Tribunal de Justicia sobre los narcotests que deben implementar, el presidente Eduardo Allende fue consultado este viernes. Sin embargo, no dio una fecha para el inicio y dijo que se tomarán el tiempo para llevarlos adelante.
“Esta ley fue sancionada con una amplia mayoría y nosotros obviamente la vamos a cumplir, pero repito que con los términos que dice, aleatorio y absolutamente reservado. Está bien que sea así. Veremos cómo se va a definir lo aleatorio, y en la medida que hay que hacerlo, lo vamos a hacer”, respondió Allende.
De esa manera también se refirió ante la solicitud que había realizado el José Luis Flores la semana pasada para someterse al examen toxicológico con la intención de “aportar al cuidado del prestigio del Poder Judicial, que tanta discusión ha generado”.
La inquietud del magistrado hizo ruido en el Superior Tribunal de Justicia.
Allende hizo alusión a que la Organización Mundial de la Salud define a las adicciones en general como una enfermedad y hay una ley de salud mental. “Hay que respetarla, entonces vamos a ser muy respetuosos en esto porque no es algo voluntario, es aleatorio”, dijo.
El Superior Tribunal de Justicia no tiene fecha para el inicio de los narcotests.
Fue consultado si creía que la Ley apuntaba directamente al Poder Judicial y subrayó: “No lo tomo así, ni institucional, porque es para los tres poderes”.
En el mismo sentido, planteó que “si cualquier persona del Poder Judicial se siente afectada o sospechada y quiere hacer un test voluntario, puede ir a un laboratorio, hacerse un examen que examine la ley”.
Allende comentó que le solicitó al ministro de Gobierno, Facundo Endeiza los recursos para afrontar el gasto de los estudios porque son alrededor de 300 funcionarios y cada test tiene un costo de $100 mil.
Por otra parte, se refirió a los cuestionamientos de la sociedad y la necesidad de mejorar la eficiencia en los procesos judiciales y reconoció que hay un malestar en la población.
“Hay que trabajar en acortar los plazos, en la oralización de todos los procesos. Tenemos que hacer, por la garantía de la convivencia y de la sociedad, respetar lo que dice la ley”, concluyó.